México no parte de cero en la discusión regulatoria sobre inteligencia artificial, aunque todavía está lejos de tener un marco único y aprobado. Durante 2026 se han acumulado distintas iniciativas en la Cámara de Diputados que intentan resolver desde una pregunta constitucional básica —quién debe legislar la IA— hasta temas más concretos como sistemas de alto riesgo, transparencia algorítmica y supervisión humana.

El resultado es una agenda mucho más activa que hace un año, pero también fragmentada. Varias propuestas avanzan por rutas distintas y continúan pendientes en comisiones.

Antes de regular la IA, el Congreso quiere definir sus facultades

En abril se presentaron al menos dos iniciativas para modificar el artículo 73 de la Constitución y facultar expresamente al Congreso de la Unión para expedir legislación general sobre inteligencia artificial. Las propuestas hablan de gobernanza, seguridad, transparencia, derechos humanos y coordinación entre Federación, estados y municipios.

Ese punto parece técnico, pero es importante. Una ley general necesita una base constitucional suficientemente clara para distribuir competencias y evitar que cada entidad termine construyendo reglas incompatibles.

En junio apareció una propuesta mucho más detallada: la Ley General para la Regulación y Uso Ético de la Inteligencia Artificial. El proyecto plantea crear una Agencia Nacional de Supervisión de la IA, un registro para sistemas de alto riesgo, evaluaciones de impacto y facultades para suspender o limitar sistemas cuando exista un riesgo inminente.

También contempla obligaciones de documentación para proveedores y el derecho de las personas a saber cuando están interactuando con un sistema de inteligencia artificial.

La discusión siguió creciendo durante el verano

Otra iniciativa presentada en junio propuso incorporar derechos digitales, alfabetización en IA y transparencia algorítmica directamente en la Constitución. En agosto, legisladores de Morena presentaron una nueva reforma al artículo 73 para establecer principios como supervisión humana, precaución, sustentabilidad y soberanía tecnológica.

Ese mismo mes apareció además una propuesta para crear una Comisión Especial en Inteligencia Artificial, Regulación Tecnológica y Ética Digital dentro de la Cámara de Diputados, con el objetivo de coordinar una agenda que hoy está repartida entre distintas comisiones.

El patrón muestra el principal reto mexicano. Hay consenso creciente en que hace falta un marco, pero todavía no existe acuerdo sobre cuál debe ser la institución responsable, qué sistemas deben considerarse de alto riesgo y cuánto espacio debe dejarse a regulación sectorial en salud, finanzas, educación o telecomunicaciones.

La señal no es que México haya aprobado una gran ley de IA. Es que la discusión legislativa ya está entrando en una fase donde existen propuestas suficientemente concretas como para empezar a comparar modelos. El siguiente paso será menos espectacular y mucho más difícil: consolidar iniciativas, evitar duplicidades y diseñar reglas que protejan derechos sin volver inviable la adopción tecnológica.